1. Introducción

Cuando un teléfono móvil ingresa de manera clandestina a un establecimiento penitenciario, su capacidad para realizar llamadas, utilizar aplicaciones de mensajería o conectarse a internet puede facilitar extorsiones, amenazas y coordinaciones delictivas fuera del recinto. Peterson et al. (2022) observaron que las administraciones penitenciarias han recurrido a registros, detectores, sistemas de localización, acceso administrado y otras medidas porque la diversidad de vías de ingreso y de tecnologías de comunicación impide tratar el problema como una sola falla. La guía elaborada por Shukla et al. (2024) coincide con esa lectura y recomienda que cada institución caracterice su situación, defina responsabilidades, pruebe la solución y mantenga una evaluación continua después de la puesta en operación.

En el Perú, los inconvenientes atribuidos a los sistemas de bloqueo no se han limitado a la permanencia de llamadas no autorizadas dentro de los penales. La Defensoría del Pueblo (2022) informó que las deficiencias verificadas en el establecimiento penitenciario de Trujillo coexistían con afectaciones del servicio que recibían las personas residentes en las zonas cercanas, mientras la supervisión independiente prevista en el contrato no había sido implementada. Rodríguez Sánchez et al. (2024), a partir de un caso aplicado al Ministerio de Justicia, encontraron que la gestión debía atender al mismo tiempo la eficacia del bloqueo, el cumplimiento de los niveles autorizados y los reclamos originados fuera de los recintos.

La respuesta normativa cambió de manera considerable durante 2024 y 2025, pues el Decreto Legislativo N.º 1688 asignó obligaciones a las empresas operadoras y el Decreto Supremo N.º 008-2025-MTC desarrolló la coordinación técnica, el monitoreo permanente y la protección del acceso de las poblaciones aledañas. El reglamento exige que las operadoras adecuen parámetros como el azimut, la inclinación, la altura y la potencia de sus estaciones cuando sea necesario, además de conservar registros y comunicar las anomalías detectadas en la red (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025a). La Resolución N.º 139-2025-CD/OSIPTEL añadió criterios para utilizar geolocalización, cortar el servicio y bloquear el equipo terminal, mientras la Resolución N.º 053-2026-CD/OSIPTEL modificó la disposición relacionada con la vigencia de esa norma (OSIPTEL, 2025, 2026).

Este marco desplaza la discusión desde la búsqueda de un transmisor con mayor potencia hacia una administración selectiva y comprobable del entorno radioeléctrico. La propagación dentro de un edificio cambia con la frecuencia, los materiales, la distribución de los espacios y la presencia de obstáculos, según los modelos y datos reunidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU R, 2025). Una configuración que ofrece buenos resultados en un pabellón puede dejar puntos sin control en otro o alcanzar viviendas próximas si se reproduce sin mediciones, lo que explica por qué el diseño debe comenzar con la caracterización del recinto y no con la compra de un equipo.

El documento técnico que dio origen a esta revisión reconocía las áreas con cobertura incompleta, la evolución desde las redes de segunda generación hasta las redes actuales, el efecto sobre el exterior y la necesidad de integrar a las instituciones competentes. También proponía antenas inteligentes, sistemas distribuidos, monitoreo y análisis automatizado como posibles componentes de una solución. La revisión conserva esos aportes, pero examina sus límites a la luz de la regulación vigente y evita asumir que el direccionamiento de una antena puede crear por sí solo una zona interior sin conectividad, debido a que las reflexiones, la penetración y las redes de distintos proveedores alteran el patrón observado en el campo.

A partir de ese problema, el artículo responde la siguiente pregunta de revisión. ¿Qué combinación de tecnologías y condiciones de gestión ofrece una base más adecuada para reducir las comunicaciones móviles ilícitas en los establecimientos penitenciarios peruanos sin causar una afectación indebida a los servicios autorizados del entorno? El objetivo consiste en comparar las alternativas disponibles, relacionarlas con las obligaciones aplicables en el país y proponer una arquitectura multicapa que pueda evaluarse mediante un piloto antes de adoptar decisiones de mayor alcance.

2. Método

2.1. Diseño de la revisión

Debido a que la literatura reúne estudios de ingeniería, evaluaciones de implementación, normas técnicas y documentos regulatorios con resultados que no utilizan una métrica común, se adoptó una revisión narrativa crítica con búsqueda documentada. Este diseño permite comparar el propósito, las condiciones de aplicación y las limitaciones de cada alternativa sin presentar una agregación estadística que la heterogeneidad de las fuentes no permitiría sostener.

La búsqueda se cerró el 22 de septiembre de 2026 y comprendió trabajos publicados desde 2017, salvo los instrumentos normativos cuya fecha respondió a su vigencia. Se consultaron IEEE Xplore, ScienceDirect, SciELO, Wiley Online Library y repositorios institucionales, junto con los portales del MTC, el OSIPTEL, la Defensoría del Pueblo, el National Institute of Justice, la International Telecommunication Union y la International Commission on Non Ionizing Radiation Protection. Las combinaciones de búsqueda incluyeron comunicaciones ilícitas en penales, bloqueo de señales radioeléctricas, contraband cell phone interdiction, managed access prison, indoor radio positioning, radio frequency fingerprint y electromagnetic shielding cement.

2.2. Criterios de selección y análisis

Se incluyeron los artículos arbitrados, los informes técnicos con metodología identificable, las recomendaciones internacionales y las normas oficiales que abordaban al menos una de las siguientes dimensiones. Las dimensiones consideradas fueron la inhibición de señales, el acceso administrado, el ajuste de la cobertura celular, la detección o localización de dispositivos, el control físico del contrabando, el blindaje electromagnético, la medición de propagación y la gestión institucional. Se excluyeron los textos promocionales de proveedores, las notas sin fuente primaria, los documentos duplicados y las instrucciones operativas que describían la construcción o el ajuste de interferencias sin una evaluación de seguridad y legalidad.

El corpus final reunió veinte documentos, distribuidos entre siete fuentes peruanas de carácter normativo u oficial, cinco investigaciones y guías sobre control de teléfonos de contrabando y ocho trabajos técnicos sobre propagación, antenas, localización, identificación y materiales de blindaje. Cada documento se examinó mediante una matriz que registró el problema atendido, el mecanismo de acción, la evidencia aportada, la dependencia de infraestructura, el riesgo de afectar comunicaciones legítimas y las necesidades de operación. La interpretación distinguió los resultados medidos de las recomendaciones institucionales y de las inferencias formuladas para el caso peruano.

Tabla 1

Composición y función del corpus documental

Nota. La cantidad corresponde a las fuentes utilizadas en la síntesis final.   Elaboración propia.

2.3. Alcance metodológico

La revisión no estima una eficacia promedio porque los estudios analizados difieren en el tipo de recinto, la red disponible, la tecnología evaluada y los indicadores utilizados. Los resultados se organizaron mediante comparación funcional, de manera que una solución fue valorada por la parte del problema que puede atender y por las condiciones que necesita para conservar su desempeño. Las recomendaciones que aparecen en la propuesta se consideran hipótesis de diseño para un piloto y no especificaciones definitivas, debido a que los planos, las bandas, las estaciones cercanas y las mediciones de cada establecimiento no formaron parte de las fuentes disponibles.

3. Marco normativo y condiciones de ingeniería

3.1. Obligaciones vigentes en el Perú

Con la aprobación del Decreto Legislativo N.º 1688, el Estado peruano estableció obligaciones y sanciones para las empresas operadoras frente a las comunicaciones ilegales originadas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles (Poder Ejecutivo del Perú, 2024). Su reglamento dispone que la señal radioeléctrica debe restringirse hacia estos recintos, pero ordena cautelar el acceso de las poblaciones cercanas, una condición que impide evaluar el desempeño únicamente desde el interior. La misma norma admite equipos bloqueadores, sistemas de control de acceso, mecanismos de detección y otras formas de bloqueo, lo que ofrece una base legal para combinar tecnologías en vez de imponer una sola.

La operación también quedó vinculada a la observación continua de la red, pues el Decreto Supremo N.º 008-2025-MTC exige monitorear indicadores como el nivel de ruido, la potencia de recepción y el caudal efectivo de datos. Las empresas que gestionan los sistemas de restricción deben facilitar acceso remoto de lectura a la autoridad, conservar los registros de cambios, eventos y alarmas, y permitir que los parámetros se revisen por banda (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025a). La Resolución Ministerial N.º 647-2025-MTC/01.03 actualizó el procedimiento de medición mediante pruebas, instrumentos y tiempos definidos, con lo cual el cumplimiento deja de depender de apreciaciones ocasionales (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025b).

La actuación sobre la línea y el equipo terminal se volvió más selectiva con la Resolución N.º 139-2025-CD/OSIPTEL, que ordena utilizar herramientas de geolocalización para identificar accesos o intentos de conexión dentro de las áreas restringidas. Una vez verificado el uso prohibido, la empresa operadora debe cortar el servicio y bloquear el terminal, informar la medida y conservar los registros correspondientes (OSIPTEL, 2025). Como la Resolución N.º 053-2026-CD/OSIPTEL modificó la disposición de vigencia, cualquier cronograma de implementación deberá comprobar el texto consolidado antes de iniciar el piloto (OSIPTEL, 2026).

Durante 2026, el MTC informó que había realizado cincuenta operativos desde octubre de 2025 para verificar comunicaciones ilegales y el funcionamiento de equipos en veinte centros penitenciarios, un dato que confirma la necesidad de sostener las mediciones después de la instalación (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2026). La continuidad de esas inspecciones también muestra que la adquisición inicial no garantiza el control cuando cambian las redes, se alteran las configuraciones o aparecen infraestructuras irregulares en el entorno.

3.2. Propagación dentro y fuera del recinto

Una señal que atraviesa un penal no sigue una trayectoria uniforme, ya que los muros, las puertas metálicas, los patios, las ventanas y los distintos niveles producen pérdidas, reflexiones y recorridos múltiples. La Recomendación P.1238 de la ITU R (2025) reúne métodos para estimar la propagación interior entre 300 MHz y 450 GHz, pero su aplicación requiere parámetros asociados con el edificio y con la frecuencia. Esta dependencia explica que un cálculo general pueda orientar el levantamiento inicial, aunque no reemplace las mediciones realizadas en los pabellones, los corredores, el perímetro y las calles contiguas.

El control de la potencia tampoco equivale a controlar con precisión el límite geográfico de una señal. Las antenas con conformación de haz permiten orientar la energía y modificar patrones de radiación, pero Saeed y Nwajana (2024) describen diferencias de complejidad, costo y desempeño entre los esquemas analógicos, digitales, híbridos y adaptativos. Dentro de una construcción con trayectorias múltiples, los lóbulos secundarios y las reflexiones pueden mantener conectividad en puntos que no coinciden con la dirección principal, razón por la cual una antena inteligente debe integrarse con la medición y no sustituirla.

El cumplimiento de los límites de exposición a campos electromagnéticos atiende una finalidad distinta de la compatibilidad radioeléctrica. Las directrices de la ICNIRP (2020) establecen restricciones destinadas a proteger a las personas frente a efectos adversos comprobados entre 100 kHz y 300 GHz, mientras el control penitenciario exige además comprobar que la comunicación ilícita no se concrete y que el servicio exterior permanezca disponible. Un sistema puede respetar un límite de exposición y, aun así, causar interferencia o dejar áreas interiores con acceso, de manera que ambas evaluaciones deben mantenerse separadas.

4. Resultados de la revisión

4.1. La inhibición de señales y sus límites operativos

Los equipos inhibidores buscan impedir que el terminal reciba o utilice adecuadamente la señal de la red, pero la cobertura obtenida depende de la banda, la distribución de antenas, la potencia, el aislamiento del edificio y la señal emitida por las estaciones externas. Rodríguez Sánchez et al. (2024) documentaron que la gestión peruana debía corregir fallas, controlar el efecto exterior y verificar de manera periódica los indicadores, mientras Shaffer et al. (2023) encontraron que la aplicación penitenciaria de la inhibición exige considerar la normativa, la operación cotidiana, el mantenimiento y la posibilidad de alcanzar comunicaciones ajenas al recinto.

El aumento general de potencia puede ocultar una deficiencia durante una prueba breve, aunque amplía la zona potencialmente afectada y no resuelve las diferencias de propagación entre frecuencias. La actualización de una red móvil puede añadir bandas o modificar la manera en que el terminal establece la conexión, lo que obliga a revisar la configuración y los puntos de medición. Bajo estas condiciones, la inhibición conserva utilidad como una capa autorizada y regulada, pero su desempeño debe comprobarse por banda, área y periodo, con registros que permitan reconstruir cualquier cambio.

4.2. Acceso administrado y control desde la red

Los sistemas de acceso administrado crean una cobertura controlada que identifica los intentos de conexión y autoriza solamente los terminales o servicios incluidos en una lista válida. La evaluación de Grommon (2018) mostró que esta tecnología puede capturar un volumen considerable de transmisiones, pero requiere planificación, personal y una relación operativa compleja con las empresas móviles. La ventaja frente a una interferencia general consiste en diferenciar las comunicaciones autorizadas de las no autorizadas, aunque el resultado depende de que el terminal permanezca dentro de la cobertura administrada y de que la integración con las redes se mantenga actualizada.

La regulación peruana incorpora una vía relacionada, aunque no idéntica, al exigir geolocalización y actuaciones desde la red del operador. El corte de la línea y el bloqueo del equipo atacan la capacidad de utilizar el servicio una vez que la ubicación prohibida ha sido verificada, mientras el ajuste de las estaciones que irradian hacia el penal reduce las oportunidades de conexión. Esta combinación ofrece mayor selectividad que la elevación indiscriminada de potencia, pero necesita reglas para tratar los errores de ubicación, las líneas institucionales, los equipos del personal y las solicitudes de reactivación.

4.3. Detección, localización e identificación

Los sensores radioeléctricos permiten advertir emisiones, estimar una zona de origen y dirigir una inspección, pero no impiden por sí mismos que la comunicación se complete. Singh et al. (2024) revisaron los sistemas de posicionamiento interior y señalaron que la exactitud cambia con la tecnología, el algoritmo, la densidad de referencias y las características del entorno. En un penal, la localización debe evaluarse con terminales y posiciones conocidas antes de utilizarse para atribuir una emisión a una celda o pabellón.

La huella de radiofrecuencia ofrece otra posibilidad al utilizar pequeñas diferencias del hardware para reconocer dispositivos, aunque la evidencia disponible procede de entornos distintos del penitenciario. Shao et al. (2023) informaron una identificación superior al 92 % cuando la relación señal a ruido superaba 15 dB en su experimento con terminales inalámbricos, resultado que demuestra viabilidad técnica bajo condiciones controladas y no una precisión garantizada en una cárcel. Antes de aplicar esta técnica se necesitarían datos locales, una validación con modelos de teléfonos diversos y controles frente a cambios de canal, temperatura y calidad de la señal.

Cuando el teléfono está apagado o no transmite, la observación del espectro pierde capacidad y debe complementarse con una inspección física. El Criminal Justice Technology Testing and Evaluation Center (2024) evaluó dos detectores ferromagnéticos portátiles mediante pruebas controladas y un periodo operativo de treinta días, con lo cual mostró una forma de localizar componentes presentes en teléfonos sin depender de una emisión activa. La medida tampoco reemplaza la búsqueda, debido a que otros objetos metálicos generan alertas y la eficacia cambia con la ubicación del dispositivo y el procedimiento aplicado por el personal.

4.4. Blindaje y control físico

El blindaje electromagnético puede reducir la penetración o la salida de energía radioeléctrica en espacios seleccionados, siempre que se estudien las puertas, las ventanas, las uniones, la ventilación y las instalaciones que atraviesan la envolvente. Chung (2024) explica que los materiales cementicios pueden atenuar por reflexión y absorción, aunque su desempeño depende de la frecuencia, el espesor, la conductividad y los aditivos. Hu et al. (2023) también muestran que la incorporación de absorbentes modifica las propiedades electromagnéticas del cemento, una posibilidad que debe examinarse junto con el costo, la durabilidad y los requerimientos estructurales.

La intervención sobre toda una prisión existente puede ser costosa y perder eficacia en las aberturas, mientras la aplicación en salas críticas o en nuevas construcciones permite controlar mejor la continuidad del material. El blindaje debe verse como una medida pasiva que ayuda a contener la propagación y a reducir la potencia necesaria para otras capas, no como una garantía independiente de desconexión. Su verificación requiere mediciones antes y después de la obra en todas las bandas de interés.

Los controles de ingreso, las inspecciones, la investigación de las rutas de contrabando y la búsqueda dirigida conservan una función que ninguna solución radioeléctrica puede asumir. Peterson et al. (2022) y Shukla et al. (2024) recomiendan relacionar la tecnología con el modo de ingreso y con las capacidades de la institución, porque un teléfono puede almacenarse, grabar contenido o utilizar redes distintas de la telefonía celular. Medidas generales como retirar fuentes de energía dentro de las celdas no eliminan las baterías externas, pueden afectar condiciones básicas de operación y no sustituyen el control sobre las personas, los paquetes y el perímetro.

Tabla 2

Comparación funcional de las alternativas examinadas

Nota. Elaboración propia a partir de Grommon (2018), Peterson et al. (2022), Shaffer et al. (2023), Shukla et al. (2024) y la normativa peruana vigente.

4.5. Hallazgo integrador

La comparación permite reconocer que el problema contiene al menos cuatro momentos distintos, relacionados con el ingreso del dispositivo, su permanencia oculta, el intento de conexión y la actuación institucional posterior a la alerta. La inhibición y el ajuste de cobertura intervienen sobre el enlace, la detección física atiende la presencia del equipo, la localización orienta la búsqueda y el bloqueo selectivo actúa sobre la línea o el terminal. Como cada medida opera en un momento diferente, la eficacia global depende de que los eventos se compartan, se registren y conduzcan a una respuesta definida.

5. Propuesta de arquitectura multicapa

5.1. Principios de diseño

La arquitectura propuesta parte de cinco principios que ordenan la selección tecnológica. La legalidad exige que toda restricción se ajuste a las competencias del MTC, el OSIPTEL, el INPE y las operadoras. La selectividad busca intervenir sobre la comunicación prohibida con el menor efecto posible en los servicios autorizados. La medición obliga a comprobar el interior, el perímetro y el exterior mediante el mismo plan de pruebas. La trazabilidad conserva los parámetros, las alertas, las decisiones y las modificaciones. La adaptación reconoce que las bandas, los equipos y las condiciones del entorno cambian con el tiempo.

Estos principios descartan una solución idéntica para todos los establecimientos, pues la infraestructura exterior, la forma del terreno y la construcción alteran el comportamiento de la señal. La unidad de diseño debe ser cada penal y, dentro de él, cada zona funcional que presente materiales, alturas o riesgos diferentes. El resultado esperado no se expresará únicamente como potencia transmitida, sino como ausencia comprobada de sesiones no autorizadas, conservación del servicio legítimo fuera del área restringida, precisión suficiente de las alertas y disponibilidad de los controles.

Figura 1

Arquitectura multicapa para el control autorizado de comunicaciones móviles

Nota. Las capas no representan equipos específicos ni parámetros de interferencia. Su función consiste en ordenar las responsabilidades y evitar que una sola medida concentre toda la estrategia. Elaboración propia.

5.2. Función de cada capa

La capa de protección del recinto reúne los controles de ingreso, la inspección de personas y objetos, la vigilancia del perímetro y la búsqueda física orientada por información. Los hallazgos deberán registrar el lugar, la hora, el tipo de equipo y la posible ruta de ingreso, de manera que el control no termine con la incautación y pueda modificar los procedimientos que permitieron el acceso.

La observación radioeléctrica utiliza sensores y recorridos de medición para reconocer emisiones, cambios de cobertura y áreas donde el sistema pierde eficacia. Las alertas ganan utilidad cuando se correlacionan con datos de la red, registros de incidentes y verificaciones en campo, mientras los modelos automatizados deben conservar la información que permita explicar por qué se clasificó un evento como anómalo. La decisión que afecte una línea o un equipo no debería depender de una predicción que no pueda auditarse.

La capa de red y control selectivo comprende los ajustes de las estaciones externas, la geolocalización, el corte de servicios, el bloqueo de terminales y, cuando el marco aplicable lo permita, el acceso administrado o la inhibición configurada por banda. Las listas de equipos institucionales deben mantenerse separadas de las autorizaciones temporales y cada excepción debe tener responsable, vigencia y motivo, lo que reduce el riesgo de convertir una autorización de emergencia en un acceso permanente.

La continuidad autorizada garantiza canales para las emergencias, la gestión institucional y las comunicaciones aprobadas, además de proteger a quienes viven o trabajan fuera del recinto. Un diseño que elimina una llamada ilícita pero deja sin servicio a un hospital, una vivienda o una actividad económica cercana incumple el criterio de selectividad contenido en el reglamento peruano. Las pruebas deberán incluir llamadas, mensajería y datos en horarios y condiciones de carga diferentes.

La gobernanza conecta los registros de las capas anteriores con decisiones, plazos de atención y responsabilidades. El MTC conserva la función de medición y fiscalización radioeléctrica, el OSIPTEL regula las actuaciones sobre los servicios y los terminales, el INPE administra la seguridad del establecimiento y las empresas operadoras ejecutan cambios en sus redes. La Policía Nacional y el Ministerio Público intervienen cuando los hallazgos forman parte de una investigación, bajo los procedimientos que correspondan.

Tabla 3

Responsabilidades dentro de la arquitectura propuesta

Nota. La distribución se formula a partir del Decreto Supremo N.º 008-2025-MTC y debe ajustarse a los protocolos específicos que apruebe cada entidad. Elaboración propia.

5.3. Diseño del piloto

La validación puede comenzar en un establecimiento que reúna cobertura de varias operadoras, zonas interiores con materiales diferentes y una población cercana que permita comprobar el efecto exterior. Antes de instalar o modificar equipos se elaborará una línea base con los planos, las bandas presentes, las estaciones que irradian hacia el recinto, los niveles medidos, los incidentes conocidos y las rutas de ingreso identificadas. La información deberá distinguir los pabellones, los patios, las áreas administrativas, la zona restringida y los puntos exteriores definidos por el protocolo.

Durante la prueba se utilizarán terminales controlados y autorizados para repetir los mismos intentos de voz, mensajería y datos en ubicaciones previamente marcadas. El plan incluirá condiciones de distinta ocupación y horarios, debido a que el entorno y la carga de red pueden cambiar los resultados. La prueba exterior se ejecutará en paralelo para verificar que una mejora interior no se obtenga a costa de la población cercana.

Las incidencias deberán vincular la alerta con la evidencia que la originó, la decisión adoptada, el tiempo de atención y el resultado de la búsqueda. Cuando exista una diferencia entre la geolocalización y la posición conocida del terminal de prueba, se registrará el error y la zona en la que ocurrió, sin corregir manualmente el dato antes del análisis. Esta práctica permitirá reconocer los lugares donde la geometría o la propagación exige sensores adicionales o una regla de decisión diferente.

Figura 2

Ciclo de medición y actualización de la solución

Nota. El ciclo se repite cuando cambian las bandas, las estaciones externas, la construcción, los equipos de restricción o los patrones de incidentes. Elaboración propia con base en ITU R (2025), Rodríguez Sánchez et al. (2024) y Shukla et al. (2024).

Tabla 4

Indicadores para evaluar el piloto

Nota. Los umbrales cuantitativos deben definirse con la línea base, el protocolo vigente y la criticidad de cada zona. Elaboración propia.

5.4. Etapas de implementación

La implementación se organizará en cinco etapas que permitan detener o corregir el proyecto antes de comprometer una ampliación. La preparación reunirá la información del recinto y establecerá la gobernanza de los datos. El diagnóstico medirá la cobertura y las rutas de ingreso. El diseño elegirá la combinación de capas y redactará el guion de pruebas. El piloto aplicará los cambios en un ámbito limitado y comparará sus resultados con la línea base. La ampliación comenzará únicamente cuando el comité responsable verifique el control interior, la protección del exterior, la trazabilidad y la capacidad de mantenimiento.

Tabla 5

Secuencia de implementación y productos esperados

Nota. Elaboración propia.

6. Discusión

Las fallas de los sistemas de bloqueo pueden relacionarse con la existencia de zonas donde el control de la señal es insuficiente, la evolución de las redes móviles, las necesidades de mantenimiento y la coordinación entre las entidades responsables. Ante estas condiciones, las antenas inteligentes, los sistemas distribuidos y el análisis automatizado deben emplearse como componentes de una solución cuyo desempeño pueda medirse, verificarse y ajustarse durante su funcionamiento. Ninguna de estas tecnologías permite establecer por sí sola una frontera radioeléctrica exacta, debido a que los establecimientos penitenciarios reciben señales procedentes de diferentes operadores, bandas y estaciones ubicadas en distintos puntos.

La idea de impedir que las estaciones externas cubran el interior también necesita una formulación más cuidadosa que la simple retirada de la señal. El Decreto Supremo N.º 008-2025-MTC ya obliga a las operadoras a restringir su irradiación y permite modificar la inclinación, el azimut, la altura y la potencia, pero conserva el servicio de las zonas vecinas y contempla excepciones institucionales (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2025a). El problema técnico consiste entonces en encontrar una configuración que cumpla ambos objetivos y pueda demostrarlo con pruebas, no en elegir entre cobertura total y ausencia absoluta de señal.

La geolocalización y el bloqueo del terminal ofrecen una respuesta más selectiva, aunque trasladan parte del riesgo hacia la calidad de los datos y la atribución de la ubicación. Los sistemas de posicionamiento interior examinados por Singh et al. (2024) dependen de infraestructura, modelos y condiciones ambientales, mientras la norma peruana admite técnicas que combinan redes móviles, wifi, sistemas satelitales, aprendizaje automático y análisis de grandes volúmenes de datos. Esta amplitud tecnológica debe acompañarse de pruebas de exactitud, revisión de falsos positivos y mecanismos de reactivación, especialmente cuando la medida afecta a una persona ubicada en el entorno.

El uso de inteligencia artificial puede ayudar a ordenar alertas, reconocer cambios y priorizar inspecciones, pero no elimina la necesidad de datos representativos ni de una revisión humana. Un modelo entrenado con eventos de un solo penal puede aprender características del edificio y perder precisión en otro, mientras una actualización de red puede cambiar las variables que utilizaba. La arquitectura propuesta limita su función a apoyar el análisis, conserva la traza de los datos y exige que la decisión operativa pueda explicarse mediante reglas, mediciones y responsabilidades identificables.

El blindaje selectivo merece una evaluación mayor en obras nuevas y en espacios donde las aberturas puedan controlarse, debido a que una atenuación pasiva puede reducir la dependencia de transmisores activos. Los estudios de Chung (2024) y Hu et al. (2023) describen materiales con comportamientos diferentes según la composición y la frecuencia, aunque todavía no prueban su desempeño económico y operativo en penales peruanos. La decisión requerirá ensayos de materiales, análisis estructural y una comparación del costo de ciclo de vida frente a las alternativas electrónicas.

La experiencia de acceso administrado analizada por Grommon (2018) ofrece una advertencia institucional que también se aplica al Perú, pues la tecnología genera valor cuando existe personal capaz de mantenerla y acuerdos efectivos con las operadoras. La compra de equipos sin roles, pruebas de aceptación, niveles de servicio y acceso a los registros reproduce el problema observado por la Defensoría del Pueblo (2022), donde la falta de supervisión coexistió con fallas internas y afectaciones externas. La propuesta multicapa incorpora la gobernanza como una función técnica porque el sistema deja de ser verificable cuando la autoridad no puede conocer su configuración o reconstruir un incidente.

La evidencia disponible todavía presenta vacíos que impiden afirmar qué combinación producirá el mejor resultado en todos los establecimientos. Peterson et al. (2022) advirtieron que muchas estrategias de control de teléfonos de contrabando carecían de evaluaciones comparables, mientras los reportes tecnológicos suelen concentrarse en la implementación y no en diseños experimentales prolongados. Una agenda de investigación nacional debería publicar indicadores antes y después de cada piloto, diferenciar los incidentes confirmados de las alertas y medir de forma paralela el efecto sobre el entorno.

6.1. Riesgos que debe controlar el piloto

Tabla 6

Riesgos de implementación y medidas de control

Nota. Los controles se orientan a mantener la selectividad y la trazabilidad durante la operación. Elaboración propia.

6.2. Limitaciones

La revisión utilizó documentos públicos y no contó con planos, configuraciones, mediciones de campo, contratos, registros de llamadas o entrevistas con el personal responsable de los sistemas peruanos. Esta restricción impide calcular cobertura, costo, disponibilidad o reducción de incidentes y obliga a presentar la arquitectura como una propuesta que debe someterse a un piloto. También se evitó reproducir parámetros detallados de interferencia, debido a que su aplicación fuera de un entorno autorizado podría afectar comunicaciones legítimas y no sería transferible entre establecimientos.

El corpus combinó artículos arbitrados, informes técnicos y normas porque la investigación penitenciaria disponible no cubre todas las alternativas con el mismo nivel de evidencia. Esa diversidad permitió examinar la ingeniería y la gestión, aunque limita la comparación directa entre resultados. La búsqueda documentada no se presentó como revisión sistemática y pudo omitir estudios no indexados o información operativa reservada por razones de seguridad.

7. Conclusiones

Al comparar la propuesta inicial con la evidencia técnica y con la normativa vigente, se concluye que el control de las comunicaciones móviles ilícitas no puede depender de un inhibidor de alta potencia ni de una antena inteligente utilizada de manera aislada. La construcción del recinto, las bandas presentes, la cobertura de cada operador, las rutas de ingreso y la población cercana forman un sistema que cambia entre establecimientos y a lo largo del tiempo.

La alternativa con mejor sustento consiste en combinar el control físico del contrabando, la detección y localización de emisiones, el ajuste de la cobertura exterior, la geolocalización desde la red, el corte selectivo del servicio, el bloqueo del terminal y la supervisión continua. El acceso administrado, la inhibición por banda y el blindaje selectivo pueden incorporarse cuando la evaluación legal, técnica y económica de cada penal lo justifique.

La regulación peruana aprobada desde 2024 ofrece elementos compatibles con esa arquitectura al exigir coordinación, monitoreo permanente, registros, mediciones y protección de las poblaciones aledañas. Su cumplimiento requiere que el INPE, el MTC, el OSIPTEL, las operadoras y las autoridades de investigación compartan procedimientos y evidencia, pues una alerta que no conduce a una acción trazable conserva poco valor operativo.

Antes de ampliar cualquier solución, un piloto deberá demostrar el control interior y la continuidad exterior mediante el mismo plan de pruebas, además de evaluar la exactitud de la localización, los cortes incorrectos, la disponibilidad de los equipos y los tiempos de respuesta. Los umbrales se definirán con la línea base y el protocolo vigente, evitando convertir cifras generales en requisitos que no correspondan con la arquitectura o la criticidad del recinto.

El principal aporte del artículo se encuentra en transformar una discusión centrada en la potencia de bloqueo en una propuesta de gestión selectiva, verificable y actualizable. La siguiente etapa corresponde a una investigación aplicada que levante mediciones en un establecimiento, ejecute el piloto y publique resultados comparables sin revelar configuraciones que comprometan la seguridad. Solo después de esa validación será posible estimar costos, beneficios y condiciones de ampliación para el sistema penitenciario nacional.

Referencias

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