Una Hora Formal como sistema digital de formalización y protección social portable para trabajadores independientes en el Perú

Modelo conceptual y
principios

La propuesta vincula la protección social con
el trabajador independiente de tal forma que los aportes puedan mantenerse
cuando la persona cambia de proyecto, presta servicios en otra ciudad o recibe
ingresos distintos cada mes. Los pagos realizados por varios contratantes se
registrarían en una misma cuenta y formarían un historial continuo a nombre del
prestador. McClanahan et al. (2026) señalan que los sistemas dirigidos a los
trabajadores por cuenta propia deben adaptarse a la variación de sus ingresos,
simplificar el pago de las contribuciones y presentar procedimientos que puedan
comprenderse y utilizarse con facilidad.

Para cumplir esta función, el Sistema Integral
de Formalización y Protección Social del Trabajador Independiente se divide en
cuatro capas relacionadas entre sí. La capa económica calcula el Honorario
Integral Protegido, mientras la capa documental registra la operación mediante
el Recibo por Honorarios con Protección Social. La capa individual reúne en una
sola cuenta los aportes generados por diferentes clientes y la capa
institucional permite que las entidades intercambien la información necesaria
para procesar, verificar y supervisar cada operación. Cada institución mantiene
sus responsabilidades, lo que evita trasladar la administración tributaria, la
salud, la previsión y la fiscalización a una nueva entidad.

La relación entre el servicio independiente, el
comprobante electrónico, el pago integral y la distribución de los componentes
de protección se representa en la Figura 1, donde también se muestran los
beneficios esperados para el prestador y el contratante.

Nota. Elaboración propia. Los componentes asociados al
descanso y la contingencia son fondos individuales propuestos y no equivalen
jurídicamente a las vacaciones ni a la compensación por tiempo de servicios.  

El nombre Una Hora Formal utiliza la hora como
una referencia para explicar que incluso un servicio de corta duración puede
contribuir a la protección del trabajador independiente, aunque el sistema
también admite contratos por días, proyectos, entregables o servicios
completos. Antes de aceptar el trabajo, el prestador podría revisar el
honorario base, los montos destinados a cada componente de protección, las
retenciones aplicables, el importe total y las condiciones para utilizar los
fondos. El contratante, por su parte, conocería el costo completo antes de
autorizar el pago.

Honorario Integral
Protegido

Dentro del sistema propuesto, el Honorario
Integral Protegido corresponde al importe completo que el contratante pagaría
por un servicio independiente. Este valor mantiene separado el honorario
acordado con el prestador de los montos destinados a la pensión, la salud, el
fondo de descanso y el fondo de contingencia, lo que permite conocer cuánto
recibirá directamente el trabajador y cuánto será transferido a su protección.
Esta separación también evita que los aportes se descuenten del honorario sin
que las partes puedan identificarlos. El cálculo se representa mediante la
siguiente expresión.

HIP = HB + CP + CS + CD + CC

(1)

CP = rₚ × HB;   CS = rₛ ×
HB;   CD = r_d × HB;   CC = r_c × HB

(2)

HIP = HB × (1 + rₚ + rₛ + r_d + r_c)

(3)

En donde, HB es el honorario base; CP
corresponde al componente previsional; CS representa el componente de salud; CD
identifica el fondo de descanso; CC corresponde al fondo de contingencia; y
cada r expresa la tasa aplicable. El escenario empleó las tasas ilustrativas que
se muestran en la Tabla 2.

r_T = 0.10 + 0.09 + 0.0833 + 0.0833 =
0.3566

(4)

HIP = 1.3566 × HB

(5)

HB_m = h × v_h

(6)

HIP_m = h × v_h × (1 + r_T)

(7)

Cuando h representa las horas formalizadas y
v_h corresponde al honorario base por hora, las ecuaciones 6 y 7 permiten
calcular el flujo del período. En los servicios por proyecto, el precio base
del entregable reemplaza directamente el producto entre las horas y la tarifa.
La tasa agregada puede variar, razón por la cual se compararon escenarios que
muestran el incremento por cada S/ 100 de honorario.

Para financiar los componentes de protección
pueden utilizarse tres alternativas. En la primera, los aportes se suman al
honorario base y el trabajador recibe íntegramente la cantidad acordada por el
servicio. En la segunda, las partes pactan un precio total que posteriormente
se distribuye entre el honorario y la protección. En la tercera, el costo se
reparte entre los aportes privados y determinados incentivos públicos de
carácter temporal. Para el programa piloto se propone utilizar la primera
alternativa, porque permite distinguir con claridad la retribución del
prestador y los montos asignados a cada componente, aunque será necesario
evaluar si el aumento del precio modifica la decisión de contratar el servicio.

Recibo por Honorarios
con Protección Social

Para que el Honorario Integral Protegido pueda
registrarse y distribuirse mediante una misma operación, se propone crear el
Recibo por Honorarios con Protección Social, un comprobante electrónico que
incorporaría al registro tributario los montos destinados a cada componente de
protección. Su puesta en funcionamiento requeriría cambios normativos y
tecnológicos, además de campos que permitan identificar al prestador y al
contratante, describir el servicio, precisar la unidad de contratación y las
horas cuando corresponda, y mostrar el honorario, los aportes, las retenciones
y el importe total. Cada comprobante tendría también un identificador único
para verificar que el pago y las transferencias correspondan al servicio
registrado.

Una vez ingresada la información del servicio,
el sistema calcularía el Honorario Integral Protegido y mostraría su
distribución para que las partes puedan revisarla antes de emitir el
comprobante. El contratante realizaría una sola transferencia y la entidad
autorizada enviaría el honorario al prestador y los aportes a sus respectivos
destinos. Después se verificarían los montos recibidos y se registraría la
confirmación de cada transferencia, ya que emitir el recibo no demuestra que
los recursos destinados a la protección hayan sido depositados.

Si una operación necesitara corregirse,
anularse o dar lugar a una devolución, el sistema conservaría los registros
necesarios para relacionar el comprobante original con el pago y los aportes
realizados. Cuando los recursos ya hubieran llegado a los fondos o a las
entidades administradoras, su devolución tendría que seguir procedimientos
específicos que eviten retiros indebidos y diferencias entre los registros
contables. La normativa tributaria también debería precisar qué parte del pago
constituye renta del prestador y qué tratamiento reciben los montos
transferidos directamente a los componentes de protección.

Cuenta Individual de
Protección Social del Independiente

Para que el trabajador pueda consultar los
aportes generados por los servicios que presta a distintos clientes, la Cuenta
Individual de Protección Social del Independiente reuniría en un solo registro
los saldos y los movimientos reportados por las entidades autorizadas. Su
función sería facilitar el acceso a esta información, sin exigir la apertura de
otra cuenta bancaria ni concentrar la custodia del dinero, que permanecería en
las instituciones correspondientes. Aunque la persona cambie de cliente o
trabaje para varios contratantes, conservaría el historial de sus aportes, de
modo que la portabilidad se expresaría mediante la suma de las contribuciones
procedentes de cada operación.

CIPSI_i = Σ aportes de la persona i
procedentes de todos sus clientes

(8)

Para proteger la información del trabajador,
cada contratante podría consultar únicamente los servicios y los pagos en los
que haya participado, sin acceder a los ingresos totales ni conocer la
identidad de los demás clientes. El titular tendría acceso al historial
completo de sus operaciones, mientras las entidades participantes recibirían
solo los datos necesarios para cumplir sus responsabilidades. Estas
restricciones deberán incorporarse al diseño de la plataforma conforme al
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (2024), que establece obligaciones para utilizar
los datos con una finalidad definida, limitar su tratamiento a lo necesario y
adoptar medidas de seguridad.

El acceso a la cuenta se protegería mediante la
autenticación multifactor, acompañada de alertas sobre los cambios realizados y
registros que permitan identificar los dispositivos utilizados y los accesos a
la información. En la consulta mensual, el trabajador podría revisar las horas
o los proyectos registrados, el número de clientes, los honorarios, los aportes
y los saldos de sus fondos. Si decide cambiar de administradora o utilizar otro
mecanismo autorizado, conservaría su historial mediante formatos compatibles
que permitan trasladar la información sin depender de un único proveedor
tecnológico.

Arquitectura
tecnológica, interoperabilidad y gobernanza

Para que el registro del servicio, la emisión
del comprobante, el pago y la distribución de los aportes puedan realizarse sin
repetir trámites, el sistema necesita conectar los servicios digitales de las
entidades participantes. La Presidencia del Consejo de Ministros (2018, 2021),
mediante el Decreto Legislativo 1412 y su reglamento, establece las
disposiciones para gestionar la identidad digital, los datos, la seguridad y el
intercambio de información entre las instituciones públicas. Este marco permitiría
aprovechar servicios existentes, como la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado, siempre que cada consulta esté autorizada legalmente, responda a una
finalidad específica y cuente con controles de acceso. X-Road y las interfaces
de programación se consideran referencias técnicas para conectar los sistemas,
pero su elección dependerá de la compatibilidad con la infraestructura
disponible. El diseño definitivo deberá reutilizar las capacidades estatales
que resulten adecuadas y evitar la creación de una plataforma paralela que
repita funciones ya implementadas.

Desde el registro del servicio hasta la
actualización de la CIPSI, la plataforma seguiría una secuencia que permita
emitir el RHPS, calcular el importe, recibir el pago y distribuir el honorario
y los componentes de protección. El módulo de cálculo aplicaría las tasas, los
topes, los montos mínimos, las retenciones y los criterios de elegibilidad
correspondientes a cada operación. Cuando estas reglas cambien, el sistema
conservaría sus versiones anteriores y las fechas de vigencia, de manera que
una revisión posterior pueda comprobar cómo se obtuvo cada importe.

Como la plataforma procesaría información
personal y pagos, su diseño incorporaría el cifrado de los datos durante la
transmisión y el almacenamiento, la autenticación multifactor y permisos
limitados a las funciones de cada usuario. También se protegerían los registros
de las operaciones, se vigilarían los posibles fraudes y se realizarían pruebas
de respuesta a incidentes y recuperación del servicio. Aunque comenzaría con un
piloto, el sistema debería prepararse para un volumen de millones de transacciones
mediante módulos que puedan ampliarse por separado, colas para conciliar los
pagos y herramientas para supervisar su funcionamiento. Ante una interrupción,
los procedimientos de recuperación permitirían completar la operación pendiente
sin efectuar un segundo cobro.

Para coordinar el funcionamiento del sistema se
propone aprovechar las competencias de las instituciones existentes, sin crear
una entidad adicional que asuma todas las funciones. Participarían el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el MEF, la SUNAT, EsSalud, las
entidades previsionales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Cada proceso tendría una
institución responsable y compromisos definidos sobre los plazos, la atención y
la continuidad del servicio. La coordinación incluiría espacios de consulta con
las MYPE, los trabajadores independientes, los colegios profesionales, las
universidades y los especialistas, para considerar sus necesidades durante el
diseño y la evaluación.

Salvaguarda frente a la
falsa independencia

Dado que la propuesta está dirigida a quienes
prestan servicios con autonomía, el recibo protegido no podría utilizarse para
presentar como independiente a una persona que trabaja bajo la dirección y el
control de un empleador. El Tribunal Constitucional del Perú (2006) establece
que la prestación personal, la remuneración y la subordinación permiten
reconocer una relación laboral, aunque las partes hayan firmado un contrato de
locación de servicios. La SUNAFIL (2022) también identifica la subordinación
como el elemento que distingue ambos contratos. Cuando el contratante impone
horarios, dirige de forma continua el trabajo o ejerce facultades
disciplinarias, estas condiciones deben evaluarse conforme a la realidad de la
prestación y no quedan justificadas por la emisión de un comprobante.

Aunque el análisis de los registros permitiría
identificar ingresos concentrados durante varios meses en un mismo cliente, una
dedicación equivalente a una jornada completa u otros indicios, ninguno de
estos datos demostraría por sí solo la existencia de una relación laboral. El
sistema podría utilizar un semáforo para distinguir las operaciones con menor
nivel de alerta, los casos que necesitan información adicional y aquellos que
requieren una revisión de la autoridad. Esta clasificación serviría para orientar
la fiscalización, sin reemplazar la evaluación humana ni calificar
automáticamente al trabajador como independiente o dependiente. La autoridad
competente tomaría la decisión después de examinar cómo se presta realmente el
servicio.

Simulaciones económicas
y financieras

El modelo económico relaciona el honorario
base, la tasa total de protección y el volumen formalizado. Con cien horas a S/
30, el honorario base alcanza S/ 3 000 y la protección ilustrativa asciende a
S/ 1 069.80, con lo cual el costo integral llega a S/ 4 069.80.

Protección = HB × r_T

(9)

HIP = HB + Protección

(10)

Cuando la persona trabaja para varios clientes,
cada operación se calcula por separado y la cuenta individual consolida los
resultados. Un profesional que formaliza 40, 30, 20 y 10 horas con cuatro
pagadores acumula cien horas sin trasladar a un cliente la información
correspondiente a los demás.

HIP_total = Σ HIP_j, para j = 1 … m

(11)

F_k(T) = Σ A_(k,t) + R_k(T) − retiros_k(T)

(12)

En la ecuación 12, F_k representa el saldo de
un fondo, A identifica los aportes, R corresponde a los rendimientos netos y
los retiros dependen de las reglas de disponibilidad. La relación permite
estudiar la acumulación más allá de un mes, aunque las simulaciones no
incorporan rendimientos ni costos de administración.

La capacidad de pago puede modificar la demanda
de servicios formales, de modo que una tasa más alta no garantiza una mayor
protección total. El criterio de política debe relacionar la tasa con la base
que efectivamente se formaliza. Esta relación también aparece en el análisis de
la OCDE (2023), donde los costos de las contribuciones pueden convertirse en
una barrera para trabajadores con ingresos bajos o variables.

Protección efectiva = tasa de protección × base formalizada

(13)

Una transición puede incorporar primero la
previsión y la salud, después el fondo de contingencia y finalmente la
estructura completa, o aplicar desde el inicio todos los componentes con tasas
menores. El prestador también podría elegir un ahorro voluntario adicional,
representado por r_v en la ecuación 14.

HIP* = HIP + r_v × HB

(14)

Impactos esperados,
riesgos e indicadores

Al simplificar los trámites y reunir los pagos
en un solo procedimiento, se espera que más trabajadores y contratantes
utilicen el sistema y que un mayor número de servicios genere aportes efectivos
de protección social. El trabajador podría acumular contribuciones procedentes
de distintos clientes, mientras la MYPE conocería el costo completo del
servicio y evitaría realizar varias gestiones por separado. Para el Estado, los
registros permitirían verificar el destino de los recursos y disponer de información
para evaluar las políticas de formalización. Estos beneficios deberán
comprobarse durante el piloto, porque un costo elevado, una cobertura de salud
que no responda a las necesidades del usuario o un procedimiento digital
complicado podrían desalentar la participación.

Las condiciones de aporte deben considerar las
diferencias de ingreso entre los trabajadores, ya que quienes reciben
honorarios bajos pueden necesitar una mayor parte de sus recursos para atender
los gastos cotidianos y tener menos posibilidades de ahorrar para el futuro.
Antes de establecer montos mínimos, límites máximos, subsidios temporales o
tasas diferenciadas, será necesario estudiar cuánto puede aportar cada grupo y
cómo estas medidas influirían en su decisión de utilizar el sistema. El apoyo
público debería facilitar la incorporación de quienes tienen menor capacidad de
pago, con reglas de revisión que eviten incentivar la declaración de ingresos
inferiores a los reales para conservar el subsidio.

Costo, beneficio y
sostenibilidad

La evaluación económica debe reconocer que la
protección tiene un costo real y que la innovación propuesta se concentra en
mostrarlo, distribuirlo y administrarlo mediante una operación sencilla. Los
costos comprenden los componentes de protección, el desarrollo tecnológico, la
interoperabilidad, la ciberseguridad, la operación, el soporte, la
fiscalización, la capacitación y la evaluación. El presupuesto público no puede
fijarse antes de determinar qué servicios existentes pueden reutilizarse y qué
desarrollos adicionales necesita el piloto.

Los beneficios potenciales incluyen una mayor
formalización, la ampliación de la protección efectiva, el ahorro previsional,
la capacidad para afrontar interrupciones, la simplificación de los trámites,
la trazabilidad de los pagos y una mejor información para las decisiones
públicas. Cada beneficio deberá medirse frente a una línea base y monetizarse
cuando exista una metodología válida, sin considerar como ganancia una
inscripción que nunca produjo una operación protegida.

Beneficio neto social = beneficios
incrementales − costos incrementales

(15)

La sostenibilidad dependerá de que las tasas,
la adopción, los costos de administración y las prestaciones puedan mantenerse
sin generar déficits permanentes ni desplazar las operaciones hacia la
informalidad. El análisis actuarial del componente sanitario y las reglas de
inversión de los fondos individuales son condiciones previas, mientras los
subsidios públicos necesitarían una población objetivo, un plazo y un criterio
de salida.

Programa piloto y ruta
de implementación

La implementación comienza con un piloto
voluntario orientado a validar la aceptación del Honorario Integral Protegido,
el funcionamiento del recibo y la cuenta individual, la sostenibilidad de los
componentes, la interoperabilidad, el costo por operación y la capacidad para
prevenir la falsa independencia. Como referencia de diseño, se plantea trabajar
con 10 000 independientes y 2 000 MYPE o contratantes en actividades de
ingeniería, telecomunicaciones, tecnologías de información, contabilidad,
consultoría, arquitectura, diseño y servicios técnicos.

Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Cusco y
Piura pueden conformar una muestra territorial inicial, pero la selección
definitiva dependería de la densidad de independientes y MYPE, la conectividad,
la capacidad institucional y la diversidad de ingresos. El comité temporal de
coordinación incluiría a las instituciones competentes y abriría espacios
consultivos para los usuarios, mientras una universidad o un equipo
independiente podría evaluar los resultados.

Nota: El estudio completo, con las talbas y resultados explícitos se pueden visualizar mejor en este PDF